Foto: Cuartoscuro/Isaac Esquivel
El jueves 28 de agosto, 11 cuerpos son descubiertos en la comunidad rural Chichí Sánchez de Mérida y uno más en el municipio de Buctzotz, todos ellos de hombres decapitados; dos semanas después, el viernes 12 de septiembre, otros 24 cuerpos de hombres ejecutados con el tiro de gracia son encontrados cerca de La Marquesa, en el valle de Toluca.
No son los primeros ni los últimos hallazgos del tipo en el año, pero, sin duda, se trata de los de mayor impacto, tanto por el número de víctimas como por la violencia con que los asesinatos fueron perpetrados y la manera atroz en que fueron dispuestos sus vestigios.
Y, por supuesto, por haberse registrado a menos de un mes de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia.
En el primer caso, los 11 cuerpos hallados en la capital de Yucatán –presuntamente de hombres de entre 25 y 35 años– estaban apilados, diez de ellos totalmente desnudos y ninguno con heridas de bala. Según los resultados de las necropsias, entre tres y cinco de los cadáveres presentaron indicios de haber sido degollados vivos.
Las primeras versiones extraoficiales revelan la posibilidad de que algunos de los occisos pertenecieran a cuerpos de seguridad del estado y también de Quintana Roo. Al paso de las investigaciones se confirma que, efectivamente, los decapitados son oriundos de estas dos entidades y también de Campeche y que tienen antecedentes que los vinculan al tráfico de drogas.
En el segundo caso, los 24 ejecutados estaban esparcidos en un radio de 30 metros en el paraje La Loma, a donde habrían sido conducidos en tres camionetas, luego de ser levantados en una vecindad de la colonia El Olivo, en el municipio vecino de Huixquilucan. Según los reportes oficiales, todos habrían sido asesinados con una misma pistola calibre .9 mm.
Las primeras versiones extraoficiales especulan si se trata de pelones, zetas, sicarios de otras bandas o, inclusive, albañiles que habrían denunciado la existencia de un narcotúnel en Mexicali, en cuya construcción ellos mismos habrían participado. Al final, la PGR informa que 17 de los 24 ejecutados –originarios de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y el DF–, efectivamente, eran albañiles, pero que desde marzo a mayo, habían sido reclutados como narcomenudistas.
El recrudecimiento de las disputas entre los diversos sectores del narco –y de éstos contra los cuerpos de seguridad y el Ejército– alcanza así un punto de no retorno, en medio de una escalada de violencia como nunca antes se recuerde y que, lamentablemente, termina por cobrar víctimas inocentes, lo mismo a manos de unos que de otros.
El miércoles 26 de marzo, la Hummer H2 en la que seis jóvenes se dirigen a una fiesta de XV años en una ranchería de Badiraguato recibe al menos 120 impactos de bala en un confuso ataque de parte de soldados supuestamente apostados en un retén militar.
El sábado 12 de julio, un grupo de pistoleros toma como rehenes por más de dos horas a unos 40 comensales del restaurante El Bambo, en el centro comercial Gran Plaza de Mazatlán, luego de haber asesinado a un comandante de la policía ministerial. Se dice que, en su huida, los sicarios retienen a ocho personas, se dice que sólo retienen a dos; lo cierto es que de uno de ellos no vuelve a tenerse noticia.
Unas horas después, ya en la madrugada del domingo 13, un comando ejecuta a ocho personas –tres menores de edad, entre ellos, una niña de 12 años– y hiere a otras cinco en Guamúchil cuando, a bordo de una camioneta Pick Up, una Silverado, un Honda y un Jetta, esperaban la luz verde en un semáforo, luego de salir de una reunión. En la escena se encuentran más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Versiones señalan que sicarios confundieron al grupo con gatilleros y abrieron fuego de manera indiscriminada.
Casi un mes después, el sábado 16 de agosto, una veintena de personas es rafagueada con rifles AK-47 al salir de un salón de baile en el poblado de Creel, en Chihuahua. El saldo: 13 muertos, entre ellos, un niño de ni siquiera año y medio de edad. Según los pobladores del lugar, los sicarios solamente iban tras Freddy Horacio Aguirre Orpinel y Alfredo Caro Mendoza, presuntamente ligados a La Línea, brazo armado de la organización de los Carrillo Fuentes.
El lunes 20 de octubre, elementos de la AFI detienen a 16 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa –entre ellos, Reynaldo “el Rey” Zambada Reyes, sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada–, luego de una balacera en las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco. No hay víctimas que lamentar, aunque lo preocupante es que, después de la refriega, la policía capitalina retira del lugar –por donde habitualmente transitan familias y estudiantes– una granada tipo “piña”, que es un arma de tipo ofensivo que no hace esquirlas… sino que produce una fuerte onda expansiva en un radio de aproximadamente 15 metros.
Cierto es que, desde el principio de su administración, Felipe Calderón advirtió que el restablecimiento de la seguridad tomaría tiempo, costaría mucho dinero y, por desgracia, vidas humanas. La pregunta es: ¿cuántas más, cuántas vidas inocentes más?
LTA
La Jornada, 29 de agosto
Algunas veces este país 
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